Pulso
05 de mayo de 2016
Por Luis Felipe Céspedes. La regulación tiene que entenderse como una de las distintas herramientas con que el Estado cuenta para impulsar las políticas públicas y su aplicación así debe justificarse.
La mejora regulatoria tiene un impacto directo en la productividad y en el crecimiento económico. Las buenas regulaciones les otorgan certeza a las inversiones, dan paso a nuevos emprendimientos y sientan bases sólidas para configurar una economía más competitiva. Es por esto que los esfuerzos de mejora regulatoria junto con la simplificación de trámites son parte central de la Agenda de Productividad que está implementando el Gobierno. Detrás de ello está el convencimiento de que requerimos de un Estado más moderno y eficiente.
Hace solo unas semanas recibimos el estudio que el Ministerio de Economía encargó a la OCDE en materia de política regulatoria en Chile. En este se realiza un detallado diagnóstico y se presentan recomendaciones en materia de institucionalidad y prácticas regulatorias para mejorar la competitividad y la calidad de los servicios que se ofrecen a las empresas y ciudadanos. El informe levanta varias de las fortalezas que nuestro país presenta en materia regulatoria, pero también los principales retos y desafíos.
La regulación debe entenderse siempre como una de las distintas herramientas con que el Estado cuenta para llevar a cabo políticas públicas. Su aplicación debe, por lo tanto, justificarse y analizarse frente a las distintas alternativas disponibles. Bajo esa lógica, las buenas prácticas internacionales muestran que la introducción de una nueva regulación debe ser precedida por una evaluación de su impacto en distintas dimensiones, incluyendo por cierto los beneficios y costos asociados. Ello debe ser acompañado por las debidas instancias de participación y socialización. Más aun, una vez introducida la regulación esta debe ser siempre objeto de revisión y, en caso de ser necesario, de una mejora, reemplazo o eliminación.
Las recomendaciones que emanan del estudio van precisamente en esa dirección. Involucran aspectos de fortalecimiento institucional, generación de capacidades al interior del sector público, sistematización de prácticas de evaluación de impacto regulatorio, mecanismos más eficientes de consulta pública y uso de tecnología para simplificar trámites. Se trata de ingredientes necesarios para generar una cultura de la regulación al servicio de las personas y en permanente búsqueda de la productividad.
Este estudio de la OCDE no es un mero punto de partida ni un esfuerzo aislado. Por el contrario, se relaciona de manera estrecha con los proyectos de ley de fortalecimiento de la libre competencia y de protección de los derechos de los consumidores, así como con las actuales medidas en curso para la simplificación y digitalización de trámites, como Escritorio Empresa y la plataforma electrónica para mejorar la gestión de trámites con notarios y conservadores. En su conjunto esto configura una estrategia cuyos objetivos centrales son mejorar la gestión del Estado, fomentar la competitividad de las empresas e incrementar la competencia y la confianza en los mercados.
En el Año de la Productividad recibimos este estudio como un insumo de gran valor. Creemos que es el momento adecuado para iniciar una discusión y un trabajo serio en esta materia. Varios de los temas abordados en el informe son parte de las propuestas que distintas organizaciones han efectuado en materia de productividad, entre ellas, la Comisión Nacional de Productividad y la CPC. Hay, por lo tanto, importantes consensos que nos permitirán avanzar con una visión de futuro y una mirada país.
*El autor es ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Fuente: Pulso, 05 de mayo de 2016