El Mercurio
27 de mayo de 2016
Sin perjuicio de que la clave para lograr que las ganancias de productividad se conviertan en motor del crecimiento económico radica en un entorno adecuado para el emprendimiento y la innovación, en el cual el mercado juega un rol insustituible como asignador de recursos, la institucionalidad que provee el Estado juega un rol complementario fundamental. En el marco de un discurso presidencial que en forma paulatina va otorgando mayor relevancia a la productividad y al crecimiento, los anuncios en materia de institucionalidad no han estado ausentes. Destacan en esta línea las iniciativas de crear un nuevo ministerio de Ciencias y Tecnología, y la de establecer la obligatoriedad de que cada proyecto de ley que se presente incluya un informe que haga referencia a su impacto sobre la productividad de la economía. Esta es una muy buena coyuntura para dar un salto institucional que nos permita enfrentar de mejor forma los desafíos del siglo XXI, y por eso mismo se requiere algo de innovación. Pero si lo primero termina siendo solamente la transformación de Conicyt en un ministerio, y lo segundo en un trámite más que realiza Dipres, se habrá desaprovechado una gran oportunidad.
La idea de crear un ministerio que permita dar una mayor relevancia a las actividades vinculadas a la Ciencia y Tecnología es de larga data. Desde hace muchos años se ha venido escuchando a miembros de la comunidad científica nacional la solicitud de crear un ministerio. Consciente de la necesidad de integrar mejor un sistema que está completamente desarticulado, durante el Gobierno anterior se convocó a una Comisión Asesora Presidencial para que presentara una propuesta sobre el tema, la que, por la unanimidad de sus miembros, propuso crear un ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, la propuesta consistía en agrupar bajo un mismo techo -y con un único responsable político, que es el ministro- a todas las áreas mencionadas, en atención a que forman parte de una misma cadena de desarrollo. La gran novedad respecto de la propuesta tradicional, que se limitaba a la sugerencia de un ministerio de Ciencias, es que en esta oportunidad se incluyó a la educación superior además de las áreas vinculadas a la tecnología e innovación. Siendo la formación de capital humano avanzado la piedra angular a partir de la cual se construye la investigación básica, las aplicaciones tecnológicas, y desde donde surgen innovaciones de alto impacto, hace pleno sentido que la educación superior forme parte de esta cadena, separada de lo que es la educación pre-básica, básica y secundaria, cuya orientación y objetivos son diferentes. Lamentablemente, las ideas sobre las que se está trabajando actualmente forman parte del enfoque más tradicional que habido sobre la materia, habiendo diferencias esencialmente en lo referido a si los temas de innovación deben seguir bajo el alero del ministerio de Economía o bien trasladarse a esta nueva cartera. Por cierto, hay razones y presiones para adoptar uno u otro camino, y finalmente será la Presidenta Bachelet quien tome la decisión. Tomando en cuenta lo complejo que es armar una nueva cartera ministerial, por los desafíos que impone el tener que realinear intereses y responsabilidades, lo peor que podría ocurrir es que el cambio anunciado siga el curso más fácil y se limite, a fin de cuentas, solo a la transformación de Conicyt en un ministerio de Ciencias. Respecto de la situación actual, esto implicaría únicamente un cambio de estatus para la actividad científica en el marco de la organización gubernamental, pero significaría desaprovechar una gran oportunidad para lograr una mejor articulación de los distintos organismos públicos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y a pesar de que en esta discusión ha sido descartada la opción de incluir a la educación superior en la nueva cartera, lo que sí sería recomendable es que la totalidad de los fondos y programas estatales disponibles para apoyar la investigación universitaria queden bajo administración de este nuevo ministerio.
Con respecto al anuncio de que toda iniciativa legal deba ir acompañada de un informe acerca de su impacto en la productividad, sin duda se trata de un cambio importante, que se hace cargo de un problema que hoy día es de preocupación transversal. Sin embargo, para evitar que esta buena iniciativa se convierta en letra muerta, y que sea considerada solo como un trámite burocrático más en el proceso legislativo, sería importante que la responsabilidad de llevar a cabo este proceso no recaiga en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) –la que ya tiene a su cargo la elaboración del informe referido al impacto financiero del proyecto de ley-, sino que debería quedar radicada en otra instancia. Idealmente, este tipo de labores deberían estar bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Productividad, organismo que tiene por función precisamente velar por esta temática. Y para lograr que el círculo cierre en buena forma, se requeriría adicionalmente modificar la estructura de gobierno corporativo de esta Comisión, en el sentido de que su Consejo Directivo no tenga dependencia absoluta del gobierno de turno –como lo es en la actualidad-, sino que esté conformada mayoritariamente por consejeros que den garantía de independencia y autonomía, además de poseer la capacidad técnica requerida.
Fuente: El Mercurio, 27 de mayo de 2016