Comisión de Productividad propondrá recomendaciones que apunten a mejorar institucionalidad regulatoria y tramitación de permisos


  • Se trata de propuestas que formarán parte de la versión final del estudio “Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos” que realiza la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Hallazgos preliminares indican dos categorías principales de problemas que afectan al desarrollo de inversiones: bajo nivel de eficiencia y  creciente disminución de certeza jurídica.

Hoy la Comisión Nacional de Productividad (CNP) dio a conocer los principales hallazgos preliminares  del estudio “Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos”. Dicha actividad,  que fue encabezada por el presidente  y secretario ejecutivo de la entidad, Raphael Bergoeing y  Alfie Ulloa, respectivamente, forma parte de un ciclo de audiencias que se realizarán durante abril y mayo en las ciudades de Puerto Montt, Concepción, Antofagasta y Valparaíso, para dar a conocer los hallazgos preliminares de un año de investigación del primer estudio mandatado por el gobierno del Presidente Piñera.

Estos encuentros busca recoger las apreciaciones que presente la ciudadanía, tanto actores provenientes del mundo privado, público y académico, para estudiar y evaluar la oportunidad de ser recogidas y consideradas en la versión final de esta investigación.

Cabe precisar que el objetivo de la investigación “Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos”, es realizar propuestas y recomendaciones necesarias para crear un plan de simplificación administrativa y regulatoria en los procesos y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión en cinco sectores claves, (minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria), manteniendo estándares para un crecimiento sustentable. Además, busca realizar propuestas que permitan sistematizar procesos de revisión regulatoria y con ello, contar con una institucionalidad que promueva la calidad regulatoria (que leyes cumplan objetivo para el cual fueron creadas, lo hagan de manera eficiente y que sean coherentes con el resto de las normas existentes).

La primera etapa, finalizada en octubre de 2018, consistió en el levantamiento de todos los permisos que son requisito para llevar a cabo los tipos de proyectos de inversión identificados.

Se encontraron 400 permisos únicos que son necesarios para llevar a cabo inversiones en los cinco sectores analizados y 53 instituciones que los otorgan, 9 de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector bajo análisis. Destaca que más de la mitad de los permisos identificados son otorgados por 7 entidades.

Hallazgos encontrados

Del análisis de los permisos priorizados,  la CNP comprobó que se desprenden dos categorías principales de problemas que afectan al desarrollo de inversiones: bajo nivel de eficiencia y  creciente disminución del grado de certeza jurídica.

Raphael Bergoeing explicó que el principal problema asociado a la falta de eficiencia, es el extenso tiempo requerido para el otorgamiento de los permisos.

Detalló además que las causas principales que inciden en la extensión de plazos de permisos prioritarios para la inversión son: deficiencia en la gestión de los servicios (ausencia de trazabilidad y digitalización de los procesos y trámites). Precisó también que se detectó normativa inexistente o confusa (225 de los 400 permisos necesarios para llevar a cabo inversiones en minería, energía, infraestructura, inmobiliario e industria, no tienen plazos legales asociados). Finalmente, existe evidencia que, en algunos casos, el problema también es influido por la calidad de la información que entregan inversionistas.

Por otra parte, los principales problemas en la tramitación de permisos, asociados a la menor certeza jurídica son: la falta de previsibilidad respecto a los criterios para aprobación de los permisos y la poca claridad en las vías para impugnarlos.

Explicó que “Chile es el único país de la OCDE que no tiene mecanismos estructurados y sistematizados para revisar normativa y procesos regulatorios y es necesario contar con ello. Debemos  considerar que año a año se suman nuevas regulaciones, que no siempre son analizadas para determinar sus niveles de eficiencia y de coherencia con las ya existentes” precisó.

“Considerando lo anterior, y los problemas de eficiencia y certeza jurídica para la inversión en Chile, la CNP propondrá un conjunto de recomendaciones para mejorar la institucionalidad regulatoria y la tramitación de permisos, manteniendo actuales estándares de sustentabilidad”, concluyó.

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