24/Abr/2020
Viernes, 24 abril 2020. Los resultados finales del estudio solicitado por el Presidente Sebastián Piñera a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) relativo a las posibles consecuencias de reducir legalmente la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales, confirman las conclusiones de la primera versión que se entregó en noviembre de 2019 al gobierno de Chile y se presentó ante el congreso: caída en los salarios, reducción en el crecimiento del PIB y de la productividad.
El documento final, que además de incorporar secciones relativas a experiencias internacionales y estimaciones de impacto complementario, revalida que “una reducción en la jornada semanal ordinaria de 45 a 40 horas una (equivalente a un 11%) produciría: una reducción en torno al 5% en las horas anuales efectivamente trabajadas (promedio por persona); una caída en los salarios mensuales reales en el rango de 0.5 a 5.5%; reduciría el crecimiento del PIB anual entre 0.5 y 1.5%; disminuiría el crecimiento anual de la productividad entre 0.1 y 0.4%, generada por reasignación del empleo; elevaría el incremento anual del stock de capital entre 0.1 y 0.2%, presumiblemente sustituyendo el factor trabajo que se encarece en términos relativos”.
En el resumen ejecutivo del documento se subraya que “las personas valoran tanto el ingreso como el tiempo libre, por lo que –junto al aumento en los ingresos– el progreso económico implica también jornadas laborales más cortas y una reducción en el total de horas trabajadas al año. La evidencia internacional confirma esta relación. Entre los países de la OCDE el PIB per cápita real subió de 37.000 dólares anuales en 2000 a cerca de 46.000 en 2018, mientras que las horas trabajadas por semana bajaron de 39 a 37.7. En Chile, entre 1990 y 2018, el ingreso per cápita pasó de 9.500 a 25.100 dólares anuales, la jornada semanal efectiva bajó de 49 a 41.3 horas y las horas totales trabajadas al año de 2.422 a 1.941”.
El estudio señala además que “considerando esta relación, si el ingreso per cápita chileno creciera al 2% (cerca de 3% de crecimiento para el PIB, equivalente al promedio de la última década), estimamos que estaríamos trabajando 40 horas semanales en 2028 y las 37.7 horas que trabaja la OCDE hoy en 2047. De crecer al 1% per cápita, estas jornadas se alcanzarían en 2038 y 2076, respectivamente. De crecer al 3% per cápita se alcanzarían en 2025 y 2037. Así, mejorar nuestra productividad –para aumentar el crecimiento económico– resulta determinante en generar condiciones que permitan acceder a mayor tiempo libre”.
En particular, en el informe se analizan las reformas francesa, portuguesa y alemana. Se trata de experiencias muy ilustrativas para nuestro país. En los casos estudiados se implementaron las políticas en un período de expansión económica, y no en un escenario recesivo como el actual chileno. Adicionalmente, se diseñó una política que explícitamente buscaba reducir algunos impactos negativos esperados, asociados al mayor costo laboral que implica una reforma de reducción de jornada. En particular: se anunció la medida con años de anticipación, permitiendo primero un proceso voluntario de reducción de la jornada pactada entre empresas y trabajadores; se entregaron plazos de transición que diferenciaron según el tamaño de las empresas y el impacto esperado de la medida; se promovió la flexibilidad laboral para elevar la productividad y compensar los mayores costos laborales; se calculó la jornada acortada sobre un período de referencia mayor a una semana, para permitir estos ajustes (cuatro meses en el caso de Portugal y un año en el caso de Francia); se permitió la reducción del sobrecosto asociado a las horas extraordinarias. En resumen, se diseña la medida buscando minimizar sus impactos negativos.
Metodología y análisis comparativo
Para estimar los posibles efectos de una reducción de jornada por la vía legal, la CNP se hizo un análisis microeconométrico del impacto de la reducción de la jornada laboral legal de 48 a 45 horas en Chile, anunciada en 2001 e implementada en 2005. Se encontraron efectos diferenciados según la jornada laboral de la persona bajo análisis. Así, aquellos que trabajaban más de 45 horas a la semana tuvieron un impacto negativo en el empleo y los salarios, mientras que quienes trabajaban menos de 45 horas tuvieron un impacto positivo sobre el empleo.
Además del estudio microeconómico a nivel de personas, se efectuó un análisis de los impactos macroeconómicos de la reforma de 2005. Estas estimaciones tienen un nivel de incertidumbre mayor que las obtenidas con datos microeconómicos, porque se presentan rangos de impacto. Se estimó que, por cada 1 hora de reducción en la jornada laboral legal, las horas trabajadas efectivas caen en 0.4 horas (muchos trabajan menos que la jornada máxima legal).
La conclusión del informe sugiere que una reforma que limite por ley el número máximo de horas de jornada semanal por debajo de las 45 horas actuales tendría perdedores y ganadores. Paradojalmente, los perdedores, a quienes la medida afectaría negativamente, son aquellos trabajadores a quienes la reforma busca beneficiar, es decir, aquellos que trabajan más de 40 o 41 horas semanales. Para estos aumentaría la probabilidad de estar desempleados, volverse inactivos y les bajaría el salario real. Los impactos son más negativos en jóvenes, mujeres y trabajadores con educación media. Este grupo sería reemplazado en sus empleos por otros trabajadores, que serían beneficiados por la reforma, en especial, aquellos actualmente empleados, pero en jornadas bajo el nuevo límite legal, desempleados e independientes. Esto sugiere que una reforma como la propuesta requiere de un profundo análisis para evaluar su impacto y de un diseño que minimice potenciales efectos negativos.